Tras la histórica derrota legislativa que sepultó su reforma constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum contraatacó este jueves anunciando un “Plan B” electoral; una nueva estrategia busca eludir el candado de la mayoría calificada para enfocarse en reformas a leyes secundarias que “asfixien” financieramente los privilegios en congresos locales, municipios y el Senado, con el potencial de ahorrar hasta cuatro mil millones de pesos.

El anuncio no solo busca rescatar la narrativa de austeridad, sino que lanza un dardo directo a la disparidad presupuestaria en los estados. Sheinbaum exhibió que legisladores en entidades como Baja California, Morelos y la Ciudad de México cuestan entre 28 y 34 millones de pesos cada uno, prometiendo establecer un “techo” de gasto nacional. Además, el plan propone reducir el número de regidores en los ayuntamientos para reorientar esos fondos a servicios básicos como bacheo y agua potable.

En el terreno político-electoral, el “Plan B” introduce dos propuestas de alto impacto:

• Democracia Directa con la modificación de la ley para permitir consultas populares sobre temas electorales, específicamente para preguntar a la ciudadanía si avala reducir el financiamiento público a los partidos.
• Adelantar su propio proceso de revocación de mandato de abril de 2028 a junio de 2027, para que coincida con las elecciones intermedias.

La nueva iniciativa formal será enviada al Congreso el próximo lunes 16 de marzo, marcando el inicio de una nueva batalla legislativa donde la presidenta busca demostrar que, aunque perdió una votación constitucional, mantiene la iniciativa política y el mandato de la austeridad.