La riqueza conjunta de los 22 milmillonarios mexicanos alcanzó en 2025 un máximo histórico de 3.9 billones de pesos, cifra que representa un incremento de 4.2 veces desde 1996, de acuerdo con el informe Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema de poder, publicado por Oxfam México.

El reporte señala que el 1% de la población concentra el 35% del ingreso total del país y posee el 40% de la riqueza privada nacional, además de generar el 23% de las emisiones contaminantes. En contraste, 18.8 millones de personas no tienen acceso a alimentación nutritiva y 38.5 millones viven con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar.

Según el documento, la acumulación de riqueza también influye en la orientación de la política pública. Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, advirtió que el poder económico de los ultrarricos puede traducirse en un “poder de veto” sobre el modelo de desarrollo nacional.

Entre 1996 y 2025, Carlos Slim incrementó su fortuna más de ocho veces. Desde 2020, su riqueza creció 66%, hasta alcanzar 107 mil 100 millones de dólares. El informe también destaca el crecimiento patrimonial de Germán Larrea, cuya fortuna se multiplicó 2.4 veces desde 2020.

Oxfam plantea que si únicamente se destinara el rendimiento real de las fortunas acumuladas desde 2020 a la contratación de trabajadores con salario mínimo, podrían emplearse 21 millones de personas durante un año.

El informe contextualiza que, desde la crisis de la deuda de 1981, la economía mexicana ha crecido en promedio cerca de 2% anual. Hasta 2024, el PIB per cápita aumentó apenas 16% en términos reales respecto a 1981, mientras que en otros países el crecimiento ha sido mayor.

Además de la desigualdad económica, el documento aborda la brecha en el tiempo destinado al trabajo no remunerado, especialmente entre mujeres de menores ingresos, quienes dedican hasta 2.7 veces más tiempo a labores de cuidado en comparación con hombres del 1% más rico.

Frente a este panorama, Oxfam propone nueve medidas agrupadas en tres ejes —transformar, reparar y redistribuir— entre ellas: movilizar la inversión de forma justa, fortalecer mecanismos de protección de derechos, ampliar mandatos regulatorios, revisar la política fiscal, promover políticas de cuidados incluyentes, impulsar una nueva gobernanza del agua, desarrollar infraestructura social para la redistribución de cuidados, reasignar subsidios eléctricos de manera progresiva y financiar transporte público eléctrico bajo criterios de progresividad.