El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre enviar una iniciativa para cambiar el nombre del Instituto Nacional de Migración (INM) a Instituto de Movilidad Humana ha generado cuestionamientos entre especialistas, quienes advierten que la medida podría resultar insuficiente si no implica una reestructuración de fondo.

De acuerdo con académicos, exfuncionarios y organizaciones civiles, el instituto fue militarizado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que se designaron 19 delegados estatales con perfil castrense, de los cuales ocho permanecen en funciones, y se fortaleció la participación de la Guardia Nacional en tareas de control migratorio.

En abril de 2023, tras el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez que dejó 40 personas fallecidas, López Obrador planteó la desaparición del INM para crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico). Sin embargo, la propuesta no se concretó y el esquema institucional se mantuvo sin modificaciones estructurales.

Especialistas consultados consideran que un cambio de denominación no garantiza transformaciones en la política migratoria si no se revisan aspectos como la operación de estaciones migratorias, señaladas por organizaciones como espacios de detención, el perfil de los mandos y el enfoque de seguridad que prevalece en la gestión de la migración.

Investigadores en materia de derechos humanos subrayan que cualquier reforma debería contemplar la desmilitarización del instituto, la revisión de facultades otorgadas a la Guardia Nacional y el fortalecimiento de garantías para personas solicitantes de refugio, víctimas de trata, menores de edad y desplazados.

También advierten que el uso del concepto “movilidad humana” no necesariamente implica un cambio en la práctica institucional si no va acompañado de modificaciones legales, administrativas y presupuestales que transformen el modelo de control migratorio vigente.

El debate se da en un contexto en el que México enfrenta un flujo migratorio sostenido y se ha convertido en país de tránsito, destino y retorno. Organizaciones civiles han documentado dificultades en los procesos de regularización y solicitudes de asilo, así como riesgos para las personas en movilidad.

Hasta ahora no se ha presentado el contenido detallado de la iniciativa anunciada por el Ejecutivo federal, por lo que especialistas señalan que el alcance real de la reforma dependerá de los cambios normativos y operativos que contemple el proyecto.