El asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar ha colocado bajo escrutinio a la Secretaría de Marina (Semar), en medio de una investigación por una presunta red de corrupción vinculada al llamado huachicol fiscal en aduanas marítimas.

Guerrero fue comisionado en enero de 2021 a labores relacionadas con aduanas, tras la decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir a las Fuerzas Armadas el control de estos recintos estratégicos, con el argumento de combatir la corrupción. En ese contexto, el mando naval afirmó haber detectado un esquema mediante el cual combustible era introducido al país bajo declaraciones falsas para evadir impuestos, práctica conocida como huachicol fiscal.

De acuerdo con audios y un manuscrito atribuidos al contralmirante, difundidos por Aristegui Noticias, Guerrero denunció presuntas presiones internas y entregas de dinero que, según su versión, estaban relacionadas con el contrabando de hidrocarburos. El marino sostuvo reuniones con el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien le solicitó un informe por escrito sobre los hechos.

Los documentos también forman parte de la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación que derivó en órdenes de aprehensión contra 14 personas; hasta ahora, 11 han sido detenidas e imputadas.

Semanas después de entregar su denuncia, Guerrero fue reasignado a Puerto Chiapas. Posteriormente solicitó licencia para viajar a Manzanillo, Colima. El 8 de noviembre, último día de su permiso, fue asesinado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta. La FGR vinculó el crimen con otro homicidio ocurrido días antes en Colima bajo un modus operandi similar.

Antes de su muerte, el contralmirante también sostuvo una reunión con el nuevo titular de la Semar, Raymundo Pedro Morales Ángeles, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La dependencia confirmó el encuentro, aunque señaló que fue solicitado por el propio Guerrero y que tuvo como propósito presentar propuestas para mejorar la recaudación en aduanas.

En respuesta a cuestionamientos, la Marina indicó que no cuenta con el audio difundido y que la investigación se encuentra en manos de la FGR. También informó que cinco elementos vinculados a proceso fueron dados de baja por incumplimiento de obligaciones.

El caso ocurre en un contexto en el que el combate al huachicol fiscal ha sido señalado como uno de los principales retos para las autoridades hacendarias. El contrabando técnico de combustibles genera pérdidas millonarias al erario, según estimaciones oficiales, y ha implicado investigaciones tanto administrativas como penales.

Hasta el momento, no se ha informado el avance definitivo del proceso judicial ni se han esclarecido públicamente todas las responsabilidades en la presunta red denunciada por el mando naval asesinado.