El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, recibió un nuevo revés judicial luego de que un juez de control le impuso prisión preventiva justificada por un caso de presunto peculado, lo que complica la posibilidad de que obtenga su libertad en abril próximo, cuando cumple su condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Durante una audiencia de seis horas y media celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor determinó la medida cautelar tras la imputación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la acusación, Duarte de Ochoa habría ordenado en 2012 la mezcla de recursos federales y estatales provenientes de un fondo destinado a personas vulnerables, por un monto aproximado de cinco millones de pesos, para posteriormente dispersarlos en diversas cuentas bancarias y dificultar su rastreo. El esquema señalado es conocido como la “licuadora”, mecanismo que consistía en combinar partidas presupuestales para desviar recursos hacia el pago de sueldos, pensiones y proveedores.

Tras la imputación, la defensa del exmandatario solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se determine su situación jurídica. Será el próximo miércoles cuando el juez resuelva si lo vincula a proceso por el delito de peculado, ilícito que contempla una pena de dos a 14 años de prisión.

La nueva causa penal se suma al proceso por el cual Duarte fue sentenciado en 2018, prolongando su permanencia en prisión preventiva mientras se define su situación legal.