Este martes 10 de febrero, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. Esta reforma al artículo 123 constitucional busca combatir los altos índices de estrés laboral y mejorar la conciliación entre la vida personal y el trabajo. Aunque es un avance histórico, apenas es el inicio del proceso legislativo, pues aún deberá ser votada en el Pleno del Senado, en la Cámara de Diputados y, finalmente, ser avalada por los congresos locales.

La implementación no será inmediata, sino que se plantea un esquema de gradualidad hacia el año 2030. Según el calendario propuesto, la jornada se mantendrá en 48 horas durante 2026, comenzando un recorte de dos horas por año a partir del 1 de enero de 2027 (46 horas) hasta alcanzar la meta de las 40 horas en 2030. Esta transición busca que sectores como la manufactura y el comercio puedan ajustar su productividad sin afectar drásticamente sus operaciones actuales.

Un punto clave de la reforma es el ajuste en las horas extraordinarias. El dictamen propone elevar el límite de 9 a 12 horas extra por semana, con un máximo de cuatro horas diarias durante no más de cuatro días. El pago de este tiempo adicional será del 100% extra sobre el salario ordinario, y en caso de que se exceda el nuevo límite permitido, el patrón estará obligado a pagar un 200% adicional. Esta medida busca proteger el ingreso de quienes ya laboran tiempo extra mientras se reduce la jornada base.

Pese al consenso en las comisiones, la reforma enfrenta críticas de organizaciones civiles como el Frente Nacional por las 40 Horas. Los trabajadores exigen que se garanticen por ley dos días de descanso obligatorios y rechazan la implementación gradual, argumentando que la reducción debería ser inmediata. Por su parte, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, defendió la propuesta asegurando que el objetivo final es consolidar una semana laboral de cinco días de trabajo por dos de descanso hacia el final de la década.