El Congreso del Estado de Puebla prepara una iniciativa para crear una Sala de Justicia Indígena dentro del Tribunal Superior de Justicia, como parte de una agenda institucional construida en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto tiene como objetivo fortalecer el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios y garantizar el respeto a sus sistemas normativos internos dentro del marco legal estatal.

La propuesta legislativa no se limita a la creación de una sala especializada, ya que también contempla la instalación de juzgados indígenas y la conformación de un consejo consultivo indígena permanente que operará dentro del Congreso local. Este órgano tendría la función de incorporar de manera continua la perspectiva de las comunidades originarias en los procesos legislativos relacionados con justicia, autonomía y derechos colectivos.

Como parte del desarrollo del proyecto, se ha establecido coordinación con el máximo tribunal del país, con el propósito de dotar a la iniciativa de sustento jurídico e institucional que permita su correcta implementación en el sistema de impartición de justicia del estado.

El planteamiento para avanzar hacia un modelo de justicia indígena formalizada se apoya en experiencias acumuladas desde finales de la década de los noventa, particularmente en municipios con alta presencia de pueblos originarios y con prácticas propias para la resolución de conflictos comunitarios. Esta trayectoria ha permitido identificar mecanismos viables para integrar la diversidad cultural al sistema judicial sin vulnerar el orden constitucional.

Dentro del proceso legislativo, el Congreso del Estado tiene previsto realizar consultas regionales con pueblos indígenas, con el fin de identificar de manera directa los temas prioritarios que deben incorporarse en la agenda de justicia indígena. Estas consultas buscan que las reformas se construyan a partir de las realidades comunitarias y no únicamente desde una visión institucional.

Asimismo, se contempla la armonización de la legislación local con la reforma al artículo 2 de la Constitución federal, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y con patrimonio propio. Entre los cambios proyectados se encuentra la modificación de la Ley Orgánica Municipal, para permitir que las juntas auxiliares indígenas definan de forma autónoma sus mecanismos de elección de autoridades, lo que representa un paso clave hacia el fortalecimiento de la autonomía y el acceso efectivo a la justicia.