Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de las infancias alertaron sobre un presunto patrón de resoluciones judiciales que, lejos de proteger a las víctimas, favorecen a presuntos agresores en procesos familiares. La denuncia fue encabezada por integrantes del Colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia, quienes señalaron la actuación de la jueza del Juzgado Cuarto de lo Familiar, Amada María Teresa Márquez Bermúdez.

De acuerdo con las activistas, existen desde hace varios años quejas formales ante el Consejo de la Judicatura y denuncias ante instancias ministeriales, sin que se hayan observado consecuencias administrativas. Afirmaron que esta falta de respuesta ha permitido la repetición de decisiones que afectan a mujeres, personas adultas mayores y menores de edad.

Entre los casos expuestos se encuentra el presunto despojo irregular de un terreno perteneciente a una mujer de 80 años en Huejotzingo, así como un proceso relacionado con un menor de 10 años que, según las denuncias, continúa expuesto a violencia física y negligencia por parte de su padre.

La madre del niño, Alejandra Castillo, señaló que tras casi una década de litigio sin resolución definitiva decidió hacer público el caso. Indicó que peritajes oficiales documentan afectaciones a la salud del menor, como infecciones, problemas dermatológicos y ansiedad severa, las cuales habrían sido atribuidas a ella pese a que el régimen de custodia limita su convivencia.

Las denunciantes también señalaron irregularidades durante una diligencia de escucha del menor, en la que se habría permitido la presencia del padre, a pesar de que debía realizarse sin él. Ante estos hechos, hicieron un llamado a las autoridades judiciales para revisar el actuar del juzgado y garantizar resoluciones apegadas a la ley y al interés superior de la niñez.