La remoción de Asareel Carranza Jaimes de la Delegación Regional de la Secretaría de Deporte y Juventud en Izúcar de Matamoros se concretó en medio de señalamientos por el desempeño simultáneo de dos cargos públicos y la percepción paralela de salarios provenientes de recursos estatales y municipales, situación que abrió cuestionamientos sobre un posible daño patrimonial y el cumplimiento de la normatividad administrativa.

Registros oficiales disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que Carranza Jaimes ocupó de manera concurrente el cargo de directora del Deporte del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros y el de delegada regional de la Secretaría de Deporte y Juventud del Estado de Puebla, con periodos que coincidieron durante varios meses de 2025.

Por el puesto municipal percibía un sueldo mensual bruto de 15 mil 709 pesos, mientras que como funcionaria estatal recibía 21 mil 884 pesos brutos, lo que representaba ingresos conjuntos por 37 mil 593 pesos mensuales. La documentación pública no aclara si existió autorización formal, compatibilidad de horarios o excepción legal que permitiera la acumulación de ambos cargos.

La controversia se intensificó tras hacerse público que la funcionaria no cuenta con título profesional ni cédula, sino únicamente con una carta de pasante en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, documento que acredita la conclusión de materias, pero no la obtención del grado académico. Este punto generó cuestionamientos adicionales sobre la idoneidad de su perfil para encabezar una representación regional vinculada a políticas públicas en materia deportiva.

En este contexto, Diario Cambio dio a conocer que Carranza Jaimes fue separada de la delegación regional, cargo que fue asignado posteriormente a Jonathan Pérez, exjefe de Vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep) en Atlixco, con antecedentes en la administración pública estatal.

Hasta el momento, la Secretaría de Deporte y Juventud no ha informado de manera oficial las razones administrativas de la remoción, ni si se abrirá una revisión interna por el periodo en que la funcionaria desempeñó ambos cargos de forma paralela. Tampoco se ha precisado si el caso será turnado a órganos de fiscalización o instancias anticorrupción, pese a que la normatividad limita el doble cobro con recursos públicos salvo en supuestos específicos.

La remoción ocurre mientras persisten dudas sobre la legalidad del ejercicio simultáneo de funciones, el uso de recursos públicos y los mecanismos de control interno que permitieron la duplicidad de nombramientos durante varios meses.