Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no utilizarán las nueve camionetas blindadas recientemente adquiridas para su servicio, pese a que días antes el propio Poder Judicial justificó la compra por motivos de seguridad.

A través de un mensaje en la red social X, la Corte informó que las y los ministros solicitarán iniciar el proceso para devolver las unidades o, en su caso, ponerlas a disposición de juzgadores que enfrenten mayores riesgos, con apego a la normatividad vigente.

La decisión ocurre luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) reveló que el Poder Judicial de la Federación destinó 252 millones de pesos para la compra de 571 vehículos, argumentando que las unidades anteriores ya no garantizaban condiciones adecuadas de protección y que el esquema de compra resultaba más económico que el arrendamiento.

La controversia se intensificó porque la SCJN había defendido la adquisición de los automóviles para sus ministros bajo criterios de prevención y seguridad institucional, en un contexto donde el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, se comprometió a reducir gastos y eliminar privilegios al asumir el cargo en septiembre de 2025.

Con esta determinación, la Corte busca enviar un mensaje de austeridad y uso responsable de los recursos públicos, en medio del debate por el gasto del Poder Judicial.