Mario Marín insiste en salir del Altiplano y revive el fantasma del “Gober precioso”
Mario Marín, el exgobernador de Puebla, intenta nuevamente abandonar la cárcel, pues el ex político priísta detenido desde 2021 por su presunta responsabilidad en la tortura contra la periodista Lydia Cacho, activó una ofensiva legal para regresar al régimen de prisión domiciliaria y dejar el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Sus abogados presionan al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo para que resuelva cuatro amparos en revisión, todos orientados a modificar la medida cautelar y permitirle nuevamente enfrentar el proceso fuera de prisión. Los magistrados han reconocido retrasos, pero los atribuyen a la complejidad del caso, la gravedad del delito y antecedentes documentados sobre el comportamiento de Marín en otros centros penitenciarios.
Mientras el exgobernador despliega recursos legales y contactos para recuperar su libertad, el caso vuelve a encender alertas: si Mario Marín sale, la vida de Lydia Cacho podría estar en riesgo y uno de los símbolos más claros de la corrupción y el abuso de poder en México quedaría, una vez más, más cerca de la impunidad que de la justicia.
La historia que lo persigue se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho publicó Los demonios del Edén, una investigación que expuso una red de pederastia y pornografía infantil vinculada a empresarios cercanos al entonces gobernador priísta. Meses después, la periodista fue detenida en Cancún, trasladada a Puebla y torturada durante más de 20 horas. La filtración de una llamada entre Marín y Kamel Nacif —donde se evidenció la operación política detrás del castigo— convirtió al exmandatario en el “Góber precioso”.
Durante casi 15 años, Marín eludió la justicia bajo el amparo del poder político y no fue hasta 2021 cuando fue detenido, aunque incluso en prisión mantuvo privilegios y control, al grado de ser trasladado del penal de Cancún al Altiplano. En 2024, una jueza federal le concedió prisión domiciliaria, decisión que provocó indignación pública y que más tarde fue revertida tras la intervención legal de Lydia Cacho, ante el riesgo de fuga y la amenaza a la víctima.




