La lucha libre mexicana contará con un refuerzo en su protección jurídica y económica mediante el fortalecimiento de los mecanismos de propiedad intelectual, con el objetivo de salvaguardar nombres, máscaras, imágenes y marcas de las y los luchadores profesionales frente a la piratería y al uso no autorizado de su identidad.

En el marco del encuentro Más Allá del Ring, autoridades federales expusieron que la lucha libre es reconocida como patrimonio cultural intangible y, al mismo tiempo, como una industria con alcance global, cuyo crecimiento se ve limitado por la informalidad y la falsificación de productos. De acuerdo con estimaciones presentadas, el mercado internacional de la lucha libre ronda actualmente los 5 mil millones de dólares, con proyecciones que lo ubican en alrededor de 7 mil millones de dólares hacia 2033, impulsado por el consumo de espectáculos, mercancía y licencias.

Sin embargo, se advirtió que la piratería genera pérdidas económicas significativas, además de afectar derechos fundamentales como la imagen, el honor y el legado de las y los luchadores, al explotar símbolos e identidades sin autorización ni retribución. En este contexto, se subrayó que el combate a estas prácticas forma parte de los compromisos internacionales de México en materia de propiedad intelectual, ante observaciones de organismos extranjeros sobre el impacto económico de la piratería en el país.

Desde la Secretaría de Economía se destacó la relevancia social y cultural de la lucha libre como elemento de cohesión familiar, disciplina deportiva y referente histórico, así como su vínculo con sectores productivos como la industria juguetera nacional. En ese sentido, se planteó la necesidad de revalorizar este espectáculo como contenido cultural y comercial con identidad mexicana.

Como resultado, se anunció una alianza estratégica con empresas jugueteras para la producción de figuras coleccionables de luchadores y luchadoras consideradas leyendas, bajo licencias oficiales que garanticen autenticidad, calidad y beneficios económicos directos para los titulares de los derechos.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca que el crecimiento económico asociado a la lucha libre se traduzca en ingresos justos para quienes han construido su historia, al tiempo que se protege uno de los símbolos culturales más representativos de México.