El académico colombiano y docente de la Universidad Iberoamericana Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, denunció que elementos de la Guardia Nacional y policías municipales de Apodaca fueron responsables de su desaparición y de las violaciones a derechos humanos que sufrió en Nuevo León, durante el periodo en que permaneció incomunicado del 2 al 16 de enero.

Escobar Barrios aseguró que fue detenido de manera irregular tras arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde realizaba una escala rumbo a Puebla, bajo el argumento de una supuesta falta administrativa que no le fue aclarada. Durante su detención, afirmó haber sido golpeado por elementos de la Guardia Nacional, agresiones que le provocaron la fractura de tres costillas, lesiones que —dijo— ya están acreditadas médicamente.

Tras los hechos, señaló que fue entregado a autoridades municipales de Apodaca, quienes lo mantuvieron privado de la libertad por aproximadamente 36 horas sin registrarlo en el Registro Nacional de Detenciones y sin permitirle comunicarse con familiares o personas cercanas, lo que agravó su condición de desaparición.

El académico también acusó que, después de las agresiones, personal del Aeropuerto Internacional de Monterrey le negó auxilio y lo expulsó de la terminal aérea, colocándolo en una situación de vulnerabilidad extrema que lo obligó a vivir en la calle y que, advirtió, pudo haber puesto en riesgo su vida.

El testimonio de Escobar Barrios fue presentado mediante un video durante una rueda de prensa realizada en la Universidad Iberoamericana Puebla, encabezada por su rector, Alejandro Eduardo Guevara Sanginés, quien leyó un pronunciamiento institucional en el que se exigió el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidades y la reparación integral del daño.

La Ibero Puebla subrayó que la localización con vida no equivale a justicia y denunció inconsistencias en la actuación de la Guardia Nacional y autoridades municipales, además de prácticas de revictimización y criminalización. La institución hizo un llamado a las autoridades a garantizar los derechos humanos de las víctimas y a que sea la evidencia y el testimonio directo quienes determinen la verdad de lo ocurrido.