La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió una investigación administrativa para determinar si existieron omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores que pudieran estar relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre y en el que murieron 14 pasajeros.

La indagatoria se enfoca en la revisión detallada de procesos vinculados con la operación del proyecto ferroviario, incluidos contratos, supervisión, mantenimiento y protocolos de seguridad, con el objetivo de identificar posibles fallas en el cumplimiento de funciones públicas o contractuales.

Aunque el Tren Interoceánico ya había sido auditado en ejercicios anteriores, la dependencia amplió el alcance de las revisiones tras el siniestro, mediante auditorías administrativas más específicas. Estas no sustituyen auditorías previas, pero sí profundizan el análisis de responsabilidades.

La SABG precisó que, si durante el proceso se detectan irregularidades con posibles implicaciones penales, se dará vista a la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes. Actualmente, la dependencia se encuentra en la etapa de recopilación y análisis de información proporcionada por las autoridades involucradas.