El gobernador Alejandro Armenta lanzó una crítica frontal contra los gobiernos neoliberales que, afirmó, convirtieron a Puebla en un “laboratorio de corrupción” mediante esquemas que comprometieron recursos públicos durante décadas. Señaló que ese modelo de saqueo dejó al estado atado a pagos millonarios que debieron destinarse a rubros como educación, seguridad, campo e infraestructura.

Armenta sostuvo que su administración no persigue políticamente a nadie, pero tampoco permitirá omisiones ni complicidades. Subrayó que actuar jurídicamente es una obligación legal y moral para desactivar contratos y compromisos heredados, como ocurrió con el Museo Internacional del Barroco, cuyo cierre financiero permitió un ahorro histórico de 8 mil millones de pesos.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que desde el inicio del gobierno se emprendió una revisión integral de APP, PPS y contratos vigentes. Explicó que solo en el caso del Centro Integral de Servicios se han pagado más de 2 mil millones de pesos y que su vigencia se extiende hasta 2037, mientras que rescindir el contrato de Agua de Puebla implicaría una indemnización cercana a los 7 mil millones.

Añadió que la administración estatal recibió 89 litigios relacionados con obra pública, arrendamientos y prestación de servicios, con demandas que superan los 5 mil 500 millones de pesos; de ellos, 29 ya cuentan con sentencia firme por más de mil 500 millones.

El gobierno estatal aseguró que el combate al saqueo va de la mano con una agenda social enfocada en obra comunitaria, combate a la pobreza alimentaria y fortalecimiento de sectores estratégicos. La consigna, afirmó García Parra, es clara: dejar atrás la deuda oculta y recuperar los recursos públicos para atender las necesidades reales de la población.