El presupuesto federal previsto para 2026 destinado a los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género presenta un crecimiento limitado en términos reales y resulta insuficiente para cubrir la ampliación del modelo de atención, de acuerdo con un análisis de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Para el próximo ejercicio fiscal se asignaron poco más de 515 millones de pesos al programa de Apoyo para Espacios de Refugio Especializados, cuyo objetivo es financiar la protección y atención integral de mujeres en situación de violencia, así como de sus hijas e hijos. Sin embargo, al considerar el impacto de la inflación, el incremento real del presupuesto se reduce a alrededor de dos por ciento, lo que implica una pérdida de capacidad operativa frente a años anteriores.

La RNR advirtió que este recurso ahora deberá distribuirse entre un mayor número de modalidades de atención. Además de los refugios y los centros de atención externa, el programa incorpora Casas de Emergencia y Casas de Transición. Aunque esta ampliación fortalece el enfoque integral de atención, la falta de un aumento proporcional en el presupuesto provoca una mayor dispersión de los recursos y limita la cobertura y calidad de los servicios.

El análisis de los Lineamientos de Operación del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y de la guía operativa correspondiente a 2026 también revela riesgos en la planeación financiera. Si bien ya se establece el monto específico destinado a los refugios, no existe un calendario público para la emisión de convocatorias, evaluación de proyectos ni ministración de recursos, lo que genera incertidumbre para la operación continua de estos espacios.

La organización señaló que los retrasos en la liberación de recursos federales se han repetido durante los últimos cuatro años, afectando la sostenibilidad de los refugios y la atención oportuna a mujeres en situación de alto riesgo. En este contexto, un presupuesto sin certeza en tiempos de entrega reduce la capacidad institucional para prevenir la violencia feminicida y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El panorama presupuestal para 2026 muestra que, sin recursos suficientes, oportunos y focalizados, la política pública de protección a mujeres víctimas de violencia enfrenta limitaciones estructurales que comprometen su efectividad a nivel nacional.