El gobierno de Puebla mantiene un conflicto abierto con TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, al acusar a la televisora de emprender una campaña mediática de desinformación y desprestigio tras negarse a firmar contratos por más de 2 mil 350 millones de pesos. La administración estatal sostiene que se trata de un intento de chantaje político, al estilo de “cobro de piso”.

La confrontación se ha reflejado en una serie de contenidos críticos difundidos por la televisora en temas como seguridad pública y atención a emergencias por lluvias en la Sierra Norte. Funcionarios estatales han señalado que varios de estos materiales contienen información falsa o manipulada, lo que, aseguran, forma parte de una estrategia de presión para obtener convenios de publicidad y servicios de telecomunicaciones.

El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, reveló que Grupo Salinas exigió contratos que incluirían publicidad oficial, seguros y servicios de internet a través de Totalplay, además de un convenio adicional de 60 millones de pesos para cobertura informativa y, de acuerdo con el funcionario, gobiernos anteriores llegaron a pagar montos elevados a la televisora, práctica que la actual administración se negó a repetir.

El conflicto ocurre en un contexto nacional adverso para Salinas Pliego, quien enfrenta resoluciones judiciales definitivas que lo obligan a pagar millonarias deudas fiscales al SAT. Paralelamente, el empresario ha intensificado su postura política contra la Cuarta Transformación, utilizando sus medios para difundir críticas constantes al gobierno federal y a mandatarios estatales afines a Morena.

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y respaldó la postura del gobierno poblano. Afirmó que es “mejor que golpeen” a ceder ante chantajes de medios de comunicación y recalcó que estas prácticas forman parte del pasado. Señaló que hoy existen mecanismos alternativos para informar a la ciudadanía y que la libertad de expresión no implica tolerar presiones económicas encubiertas.

Sheinbaum subrayó que algunas empresas mediáticas defienden intereses privados y no los de las audiencias, y advirtió que condicionar la cobertura informativa a contratos públicos es una práctica que debe erradicarse. Mientras tanto, el gobierno de Puebla reiteró que no habrá acuerdos bajo presión y que la relación con los medios se regirá por criterios de legalidad, transparencia y respeto al derecho a la información.