Un grupo de al menos 75 legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos envió el 9 de enero de 2026 una carta al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que advierten que cualquier acción militar unilateral en México sin el consentimiento del gobierno mexicano y sin la autorización del Congreso sería “desastrosa” y tendría amplias repercusiones políticas, económicas y de seguridad.

La misiva surge en respuesta a declaraciones del presidente Donald Trump, quien dijo en una entrevista que su administración planea “atacar por tierra” a los cárteles de la droga, una afirmación que ha suscitado preocupación en el Capitolio por su posible implicación en acciones militares fuera de las fronteras estadounidenses sin el aval legislativo.

Los congresistas enfatizan en su carta que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un aliado estratégico en materia de seguridad, por lo que una intervención militar violaría la soberanía mexicana, dañaría la cooperación bilateral y podría afectar negativamente al comercio y a las cadenas de suministro que vinculan a ambos países.

Además, subrayan que México ha incrementado la cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluyendo extradiciones de presuntos criminales vinculados con organizaciones delictivas, consideradas relevantes para las investigaciones transnacionales. Esto, señalan, muestra que existen mecanismos de colaboración que podrían ampliarse sin recurrir a medidas militares unilaterales.

Los legisladores también advirtieron que una acción sin coordinación podía provocar aumentos en la migración hacia Estados Unidos, así como perjuicios a las relaciones comerciales y a los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad, que en años recientes han incluido programas para combatir el narcotráfico, fortalecer el Estado de derecho y controlar precursores químicos.

El posicionamiento de los demócratas ejemplifica la división política dentro de Estados Unidos respecto a la gestión de amenazas transnacionales como los cárteles de la droga, y refleja un reclamo por mantener el marco institucional y legal que regula el uso de fuerza militar del país en el exterior.