El gobierno de Puebla enfrenta una situación legal compleja derivada de presuntos actos de corrupción cometidos en administraciones pasadas, relacionados con la simulación de obras públicas y contratos irregulares que hoy representan un riesgo financiero para el estado. Autoridades estatales confirmaron la existencia de múltiples litigios promovidos por empresas privadas que buscan cobrar miles de millones de pesos por trabajos que, según las investigaciones oficiales, no se realizaron.

Durante una conferencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que se ha identificado un esquema de colusión entre exservidores públicos y particulares, quienes habrían avalado obras complementarias inexistentes y autorizado conceptos de pago fuera de los catálogos oficiales, con el objetivo de inflar artificialmente los montos contratados. Este mecanismo derivó en juicios estratégicos iniciados en distintos años, algunos con más de una década de antigüedad.

De acuerdo con la información presentada, existen al menos 10 litigios activos mediante los cuales las empresas involucradas reclaman alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. Tres de estos casos ya cuentan con sentencias definitivas que obligan al estado a cubrir cerca de mil 100 millones de pesos, correspondientes a procedimientos iniciados en 2013, 2015 y 2023, lo que ha encendido alertas por su impacto directo en el erario.

García Parra señaló que la actual administración heredó más de un centenar de demandas relacionadas con contratos no liquidados, muchos de ellos con irregularidades y sin sustento técnico real. Aunque reconoció que algunos delitos podrían haber prescrito por el paso del tiempo, subrayó que no habrá impunidad política ni moral para quienes participaron en estos esquemas.

El funcionario adelantó que se integrarán expedientes penales y que los exservidores públicos involucrados serán exhibidos públicamente, como parte de una política de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, aseguró que la Consejería Jurídica del estado mantiene una defensa activa para reducir el impacto económico de las sentencias y, cuando sea posible, buscar la nulidad de actos administrativos irregulares.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el objetivo central es proteger el patrimonio público y evitar que prácticas del pasado sigan afectando a la población, al tiempo que se procederá legalmente contra los responsables para resarcir el daño a las finanzas de Puebla.