La reforma electoral federal aún no será enviada al Congreso de la Unión, debido a que el proyecto continúa en etapa de revisión y no se encuentra concluido. La iniciativa incorpora ajustes derivados de los foros de análisis realizados a lo largo de 2025, en los que se identificaron diversos temas que requieren definición antes de su presentación formal.

Entre los puntos que siguen en discusión se encuentran la reducción del financiamiento público a partidos políticos y procesos electorales, así como la eventual disminución del número de diputaciones y la revisión del esquema de representación proporcional. Estos elementos forman parte de los planteamientos más recurrentes surgidos durante los ejercicios de consulta y análisis técnico.

Como parte del proceso, se prevé una reunión con los coordinadores de la Junta de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y Senadores, con el objetivo de revisar los avances y establecer criterios que permitan definir el contenido final de la propuesta. Dicho encuentro busca ordenar los consensos alcanzados y delimitar los aspectos que aún presentan divergencias.

La postura contrasta con la ruta legislativa planteada previamente por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien había anticipado que la reforma podría presentarse en la Comisión Permanente durante la primera quincena de enero, para iniciar su análisis formal a partir del 1 de febrero y avanzar hacia una eventual aprobación en marzo.

La discusión sobre los tiempos no es menor. La legislación electoral establece plazos estrictos para la entrada en vigor de reformas en esta materia. De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier modificación a las leyes electorales debe publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral correspondiente, el cual está previsto para comenzar el 1 de septiembre de 2026 rumbo a los comicios de 2027. De no cumplirse este plazo, las reformas no podrían aplicarse en el siguiente proceso electoral.

En este contexto, el calendario legislativo se mantiene como un factor clave, ya que retrasos en la presentación de la iniciativa podrían limitar el tiempo disponible para su análisis, discusión y eventual aprobación, así como para la elaboración de leyes secundarias necesarias para su implementación.