El periodista veracruzano Rafael “Lafita” León, conocido por su cobertura de nota roja en la zona sur del estado, denunció una persecución judicial en su contra luego de ser detenido y acusado inicialmente por delitos de terrorismo, cargos que posteriormente fueron desestimados por un juez, aunque permanece bajo prisión domiciliaria por otros señalamientos.

León fue detenido en Nochebuena en Coatzacoalcos por agentes sin identificación visible y trasladado ante la Fiscalía Regional, donde se le imputaron delitos de encubrimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública, además de terrorismo, acusación que organizaciones defensoras de la libertad de expresión calificaron como un precedente grave contra el ejercicio periodístico.

Tras revisar el caso, el juez de control desechó el delito de terrorismo al no encontrar sustento legal, sin embargo, vinculó al reportero a proceso por los otros cargos y le impuso prisión domiciliaria preventiva por un año, medida que su defensa busca revertir mediante amparos.

El periodista sostiene que las acusaciones derivan de su trabajo informativo en redes sociales, donde documentaba hechos violentos, mensajes del crimen organizado y operativos policiacos, práctica que —según la Fiscalía— generaba “alarma social”, argumento que León rechaza y atribuye a represalias por exhibir presuntas irregularidades de autoridades locales.

El caso de “Lafita” ha reavivado el debate sobre el hostigamiento judicial contra periodistas en México, particularmente en Veracruz, uno de los estados con mayor historial de agresiones contra la prensa, mientras el reportero advierte que, de volver a ejercer, evitará la cobertura de violencia extrema por temor a nuevas represalias.