El cierre de año en Puebla estuvo marcado por una escalada de violencia contra personas de la comunidad LGBTTTIQ+, reavivando la preocupación por la persistencia de crímenes de odio y agresiones motivadas por discriminación. En el transcurso de una sola semana se documentaron tres homicidios de personas de la diversidad sexual, además de un fallecimiento que las autoridades analizan como presunto suicidio, lo que configuró un panorama de alarma social y exigencia de justicia.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en la zona sur de la capital poblana, donde un joven de 25 años fue encontrado sin vida dentro de su departamento. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar golpes y gritos durante la noche. Al ingresar al inmueble, los cuerpos de emergencia confirmaron el deceso y detectaron signos evidentes de violencia, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y determinar si existió un móvil relacionado con odio o discriminación.

Días antes, en el municipio de Tehuacán, fueron localizados los cuerpos de dos jóvenes reportados como desaparecidos luego de acudir a una reunión social. Ambos presentaban lesiones compatibles con un ataque violento. El caso provocó una fuerte reacción entre organizaciones de derechos humanos, que demandaron investigaciones con enfoque de diversidad sexual y sin descartar la posibilidad de crímenes motivados por prejuicio.

En el mismo periodo se confirmó el fallecimiento de una mujer trans con amplia trayectoria en el activismo social y político, hecho que generó impacto en distintos sectores por su relevancia en la defensa de los derechos de las personas trans en Puebla. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con registros de organizaciones civiles, Puebla ha acumulado entre 85 y 100 asesinatos vinculados a crímenes de odio en las últimas dos décadas, con una alta incidencia en contra de personas trans, quienes enfrentan mayores niveles de violencia estructural. A nivel nacional, la entidad se encuentra entre los estados con mayor número de casos documentados, lo que evidencia una problemática persistente y fallas en los mecanismos de prevención, investigación y sanción.

Diversos colectivos han insistido en que estos hechos no deben tratarse como episodios aislados, sino como parte de un patrón de violencia sistemática. La falta de reconocimiento legal de figuras como el transfeminicidio, así como la impunidad en muchos casos, continúa siendo señalada como un factor que perpetúa las agresiones. Al cierre del año, la exigencia central se mantiene: justicia efectiva, protección institucional y avances legislativos que garanticen la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, sin distinción.

Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTTTIQ+, México registra cada año decenas de asesinatos relacionados con orientación sexual o identidad de género, y las personas trans concentran más del 50 % de los casos documentados, lo que las convierte en el grupo más vulnerable frente a la violencia letal.