El Parque de Economía Circular que el Gobierno federal analiza instalar en Puebla podría replicar buena parte del modelo originalmente proyectado en Tula, Hidalgo, donde fue concebido como un complejo ambiental de gran escala enfocado en reciclaje, energías limpias y restauración ecológica, aunque finalmente no se concretó tras una consulta ciudadana.
De acuerdo con el anteproyecto presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el parque de Tula estaba planeado sobre una superficie de 150 hectáreas, divididas en dos grandes etapas: un Parque de Economía Circular y un Parque Ecológico. En el caso de Puebla, el gobierno estatal ha informado que se analizan predios de alrededor de 50 hectáreas, lo que sugiere una versión de menor escala, pero con objetivos similares.
El modelo planteado contemplaba un centro de reciclaje y reutilización de residuos, una zona de producción de energías limpias a partir de residuos orgánicos y espacios para la instalación de empresas privadas dedicadas a la economía circular, bajo esquemas de supervisión ambiental y con incentivos fiscales. Todo ello sin incineración ni enterramiento de residuos, sino mediante su transformación, según lo expuesto por autoridades federales.
Uno de los ejes centrales del proyecto era la reducción de tiraderos a cielo abierto, particularmente en regiones con alta carga ambiental. En Hidalgo, la meta era eliminar hasta 450 tiraderos y beneficiar a 600 mil habitantes; un planteamiento que, de replicarse en Puebla, podría enfocarse en atender pasivos ambientales similares en distintas zonas del estado.
El diseño del complejo también consideraba que el parque fuera autosuficiente, con generación propia de electricidad y aprovechamiento de agua para riego de áreas reforestadas, lo que permitiría su operación sin costos adicionales para gobiernos estatales o municipales. Además, se proyectaban zonas de empleo verde, innovación tecnológica, educación ambiental y, a largo plazo, incluso un laboratorio especializado para el análisis de contaminantes.
En Tula, el predio seleccionado cumplía con dictámenes que descartaban afectaciones a áreas naturales protegidas o a comunidades indígenas, criterios que previsiblemente serían replicados en Puebla en el proceso de selección del terreno. Asimismo, el proyecto establecía obligaciones para las empresas participantes, como reportes periódicos de impacto ambiental y trazabilidad de los materiales reciclados.
El anuncio de que Puebla sería la entidad receptora del proyecto, realizado el 22 de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, abre ahora un nuevo capítulo para esta iniciativa, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del compromiso federal de impulsar polos de desarrollo sustentable.