El diputado federal morenista Ricardo Crespo Arroyo defendió la legalidad del contrato que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adjudicó a la empresa de sus hermanos para construir viviendas del Bienestar en Zempoala, Hidalgo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitara revisar el documento por presuntas complicaciones éticas.

La obra, registrada como contrato CO-PVB-095-2025, fue otorgada a Agicresa S.A. de C.V., empresa constituida en 2005 por Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del legislador. El proyecto contempla la construcción de 1 808 viviendas, con un monto cercano a los mil millones de pesos, según el contrato publicado en plataformas oficiales del Infonavit.

Crespo afirmó que la adjudicación es jurídicamente legal y negó injerencia alguna en el proceso por pertenecer al Congreso. Señaló que no tiene relación laboral, accionaria ni de representación legal con Agicresa, por lo que, en su percepción, no existe conflicto de interés. También resaltó que la empresa existe desde hace casi dos décadas y que su vinculación familiar con los fundadores se remonta a la trayectoria profesional que su padre les inculcó en el sector de la construcción.

Aunque defendió la legalidad del contrato, el legislador dijo no estar en desacuerdo con la propuesta de Sheinbaum de revisar el convenio si hay causas que puedan dar pie a un posible conflicto de interés, señalando que, de confirmarse alguna irregularidad, el contrato debería suspenderse.

Además del acuerdo con Infonavit, Agicresa y los hermanos Crespo Arroyo han recibido contratos del gobierno del estado de Hidalgo, como uno por casi 12 millones de pesos otorgado por la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS) para la construcción de un bardeado perimetral y muro de contención para el Instituto de Formación Profesional, según registros de adjudicaciones públicas.

Ricardo Crespo también fue cuestionado sobre posibles móviles políticos detrás de la difusión de la información, aunque subrayó que el contrato es público y consultable, lo que, en su opinión, demuestra transparencia del proceso. Además, llamó a revisar de manera generalizada adjudicaciones similares a personas o familias vinculadas con servidores públicos para garantizar equidad.

En su trayectoria política, Crespo militó más de 20 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ocupó diversas posiciones dentro de ese partido y en el gobierno de Hidalgo antes de renunciar en 2019. En 2024 fue candidato de Morena por el Distrito Electoral Federal 6, a pesar de críticas internas por la inclusión de ex priistas en candidaturas recientes.

La solicitud de revisión del contrato por parte de la presidenta ocurre en medio de un debate público sobre la ética en la asignación de obra pública y los vínculos familiares de funcionarios con empresas contratistas, y se mantiene abierta la posibilidad de que las autoridades competentes analicen el caso según las normativas aplicables.