Durante más de seis años, la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles de Ávila Castillo, ha transitado entre mesas de diálogo, anuncios oficiales y movilizaciones estudiantiles sin que sus demandas históricas encuentren una solución de fondo. Desde 2019 y a lo largo de tres administraciones estatales, las alumnas han insistido en la urgencia de atender deficiencias básicas que impactan directamente en su formación y condiciones de vida.

Las normalistas han denunciado de manera reiterada el deterioro de dormitorios, fallas en el comedor, carencias de mantenimiento y retrasos en el pago de becas. Aunque los gobiernos de Miguel Barbosa, Sergio Salomón Céspedes y Alejandro Armenta han sostenido reuniones y firmado acuerdos parciales, las estudiantes aseguran que la mayoría de los compromisos se han quedado en el discurso, sin resultados tangibles.

Uno de los reclamos más emblemáticos es la adquisición de un autobús para el traslado del alumnado, una solicitud planteada desde hace seis años. Pese a que la Secretaría de Educación Pública de Puebla reiteró el anuncio de compra en noviembre pasado, el Consejo Estudiantil “Juventud Rebelde” expresó su desconfianza ante la falta de información clara sobre la licitación y el destino exclusivo del vehículo, además de la ausencia del titular de la dependencia en las reuniones clave.

El conflicto se intensificó en 2025 con señalamientos contra la actual dirección del plantel. Las estudiantes exigen la destitución del equipo encabezado por Brenda Inés Nájera Torres, a quien acusan de hostigamiento y de vulnerar el modelo educativo del normalismo rural. También rechazan la permanencia de matrícula externa en segundo año y denuncian presuntas prácticas que incentivarían la deserción en el primer grado, lo que consideran una violación directa a su reglamento interno.

Pese al relevo en el gobierno estatal, las normalistas advierten que persiste una narrativa oficial que estigmatiza sus protestas y las presenta como un foco de conflicto. Ante la falta de avances sustantivos en las mesas de trabajo con la SEP, anunciaron que mantendrán la exigencia de cumplimiento y una vigilancia constante de los compromisos, al tiempo que subrayan que la atención al normalismo rural sigue siendo una deuda estructural en Puebla.