El Gobierno de México canceló la aplicación del impuesto especial previsto para los videojuegos que estaba contemplado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, tras determinar que su implementación presentó dificultades técnicas y administrativas que lo hacían inviable.

La decisión fue anunciada este martes durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. La medida, que originalmente proponía un gravamen del 8 % sobre videojuegos considerados violentos o con contenido explícito, quedó incluida en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso, pero la administración federal decidió no cobrar dicho impuesto ante la “complejidad de establecer criterios objetivos” para distinguir entre títulos con o sin violencia y la falta de una autoridad definida que pudiera clasificar ese contenido de forma fiscal.

La cancelación del impuesto también se fundamenta en la dificultad de ejecutar el cobro de manera efectiva, ya que no hay criterios claros ni mecanismos administrativos que permitan separar videojuegos por su contenido para efectos fiscales sin generar controversias y complicaciones operativas.

En lugar de avanzar con el gravamen, el Gobierno federal informó que se impulsarán campañas informativas y de prevención dirigidas a jóvenes y adolescentes, enfocadas en la concientización sobre los posibles riesgos asociados al consumo excesivo de videojuegos y contenidos con violencia, dentro de una estrategia más amplia de comunicación social.