Desde 2023, el estado de Puebla enfrenta una dinámica persistente de violencia extrema y ejecuciones vinculadas al crimen organizado; especialistas en ciencias penales señalan un piso constante superior a las 320 ejecuciones anuales, con una concentración crítica en la capital poblana, donde se documenta un asesinato de este tipo aproximadamente cada 48 horas.

En comparación histórica, antes de 2015 esta forma de violencia se presentaba con mucha menor frecuencia, llegando a registrarse una ejecución al mes o menos. En el periodo de enero a julio de 2025, se contabilizaron 82 ejecuciones en la ciudad de Puebla, mientras que a nivel estatal la cifra ascendió a 335 hechos violentos de este tipo, lo que indica que la violencia extrema no se limita a la zona metropolitana, sino que se ha dispersado hacia el interior del estado. De esos casos, 253 ocurrieron en municipios fuera de la capital, reflejando una expansión geográfica significativa.

El análisis también identifica que durante los primeros siete meses de 2025 se documentaron ejecuciones en 75 municipios, lo que representa más del 34 % del territorio poblano. Asimismo, se señalan 31 demarcaciones con violencia persistente durante los últimos cuatro años, entre ellas la ciudad de Puebla, Tehuacán, Coronango, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Tecamachalco y Venustiano Carranza, puntos que son considerados estratégicos para el tránsito de mercancías y control territorial por parte de grupos del crimen organizado.

La letalidad de la violencia criminal se refleja también en datos más amplios del delito: Puebla registró más de 740 homicidios dolosos de enero a octubre de 2025, de acuerdo con estadísticas oficiales, aunque esto representa una reducción de 10.8 % respecto al mismo periodo de 2024.

Conforme a estas cifras, la entidad se ubica alrededor del puesto 12 a nivel nacional en homicidios dolosos y concentra cerca del 3.7 % de los delitos de este tipo en México, aunque las cifras todavía muestran una incidencia elevada.

Dentro de ese contexto, el uso de armas de fuego sigue siendo predominante en casos de homicidio relacionado con violencia organizada, reforzando la percepción de que muchos de estos crímenes están vinculados con ajustes de cuentas y disputas por el control de rutas, mercados ilícitos y zonas de influencia.