La Secretaría de Gobernación (Segob) puso en marcha un programa integral destinado a impedir que niñas, niños y adolescentes sean reclutados por grupos delictivos en México, con la participación coordinada de 72 dependencias federales y acciones estructuradas para abordar el fenómeno desde múltiples dimensiones sociales y de seguridad.

La estrategia, que se desarrollará durante los próximos años como parte del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025–2030 (Pronapinna), se articula alrededor de cuatro objetivos estratégicos y 23 líneas de acción, e incluye intervenciones directas en comunidades con alta incidencia del fenómeno para fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas de desarrollo a la población infantil y juvenil más vulnerable.

Según los lineamientos, esta política busca identificar y atender las causas estructurales que facilitan el acercamiento del crimen organizado a menores, tales como la deserción escolar, la violencia familiar y la falta de oportunidades económicas en zonas de alta vulnerabilidad, factores que expertos han señalado como determinantes del riesgo de reclutamiento.

La coordinación interinstitucional será un elemento central de la implementación, incorporando no solo dependencias de seguridad, sino también de educación, salud y bienestar, con la intención de articular esfuerzos de prevención primaria y de atención integral a quienes ya han sido captados o están en riesgo de serlo.

La Segob enfatizó que el reclutamiento y la utilización de menores por parte de organizaciones criminales representa una grave violación a los derechos humanos y una amenaza persistente a la paz pública. Por ello, el programa contempla mecanismos de prevención y de desvinculación para garantizar la restitución de derechos y la protección inmediata de las víctimas.

El plan iniciará su implementación en municipios prioritarios, seleccionados con base en mapas de riesgo y presencia de grupos armados, con el objetivo de lograr resultados medibles en la reducción de la participación de menores en actividades ilícitas.

Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) estiman que entre 145 000 y 250 000 niñas, niños y adolescentes están actualmente en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos del crimen organizado en México, debido a factores como pobreza, violencia familiar, abandono escolar y presencia armada, lo que evidencia la magnitud del problema que busca atender la nueva política.