El parlamento japonés aprobó un presupuesto de defensa equivalente al 2 % de su Producto Interno Bruto (PIB) para el año fiscal que termina en marzo de 2026, dos años antes de lo previsto originalmente, en respuesta a un entorno de seguridad cada vez más complejo en Asia Oriental y presiones para fortalecer la capacidad de autodefensa del país.

El incremento fue posible mediante la aprobación de un presupuesto suplementario de defensa de aproximadamente 1.1 billones de yenes (unos 7 000 millones de dólares), que se suma al presupuesto ordinario para situar el gasto total alrededor de los 70 000 millones de dólares, marcando el mayor nivel de inversión en seguridad de Japón en décadas.

Este cambio representa una transformación respecto a décadas de política posbélica en las que el gasto militar japonés estuvo limitado a alrededor del 1 % del PIB. La aceleración del objetivo al 2 % responde a una combinación de amenazas regionales, incluidos los crecientes despliegues militares de China, la expansión de arsenales de Corea del Norte y tensiones derivadas del conflicto en Ucrania que influyen en la percepción de riesgo en Tokio.

El nuevo nivel de gasto pone a Japón en línea con el umbral que la OTAN considera indicador de compromiso serio con la defensa, aunque Tokio proyecta ir más allá reforzando capacidades propias, como sistemas de defensa aérea y marítima, e invirtiendo en tecnología avanzada.

Un impulso adicional para la industria local de defensa es anticipado por empresas como Kawasaki Heavy Industries, que espera un crecimiento sustancial en ventas de productos militares (submarinos, motores, aeronaves) como consecuencia del incremento acelerado del gasto en defensa, elevando sus ventas relacionadas con defensa de aproximadamente 240 000 millones de yenes en 2023 a entre 500 000 y 700 000 millones de yenes para 2031.