La circulación cotidiana de vehículos con placas de otros estados en Puebla ha dejado al descubierto una práctica irregular ampliamente accesible a través de redes sociales, donde gestores ofrecen la obtención de matrículas foráneas sin acudir a oficinas oficiales ni cumplir con los requisitos legales establecidos por las entidades emisoras.

El proceso inicia principalmente en plataformas como Facebook, donde basta una búsqueda de términos como “gestores vehiculares” para encontrar decenas de anuncios que prometen placas de Tlaxcala, Estado de México, Morelos o Veracruz, sin cita previa y con entrega inmediata. La operación se concreta mediante mensajes privados, en los que los intermediarios detallan costos, documentación mínima y tiempos de entrega que, en la mayoría de los casos, no superan los dos días hábiles.

A diferencia del trámite institucional, los gestores solicitan únicamente fotografías de la factura o refactura del vehículo, identificación oficial y comprobante de pago, sin requerir comprobante de domicilio en la entidad donde supuestamente se emite la matrícula. Las placas pueden entregarse de forma personal o enviarse por paquetería, eliminando cualquier interacción directa con autoridades estatales.

Los precios varían según la entidad y el tipo de unidad. Para automóviles, el costo de una placa de Morelos ronda los 3,500 pesos, mientras que una matrícula de Tlaxcala puede superar los 4,500 pesos. En el caso del Estado de México, las tarifas se ubican alrededor de los 4,200 pesos, montos que incluyen la “gestión completa” del trámite.

El atractivo de este esquema radica en el contraste con el procedimiento legal, que exige identificación vigente, comprobante de domicilio local reciente, CURP o RFC, pago de derechos, factura original y, en vehículos usados, la baja de placas anteriores, además de citas y tiempos de espera que pueden extenderse por semanas.

Esta facilidad ha contribuido a una proliferación de vehículos emplacados fuera de Puebla, situación que ha encendido alertas en materia de control vehicular, seguridad vial y recaudación fiscal, al tratarse de unidades que eluden los padrones estatales y los mecanismos de supervisión.