Uber recurrió a un amparo colectivo ante autoridades federales para mantener en operación a más de siete mil socios conductores en Puebla mientras enfrenta el requerimiento estatal de garantizar seguridad social para todos ellos. La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) confirmó que la plataforma pretende evitar cualquier suspensión inmediata mientras un juez define si está obligada a cumplir plenamente con la legislación local.

La titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, reveló la estrategia legal de la compañía previo a la inauguración del nuevo Hospital de San Alejandro. Señaló que, pese al litigio, mantienen comunicación con Uber y existe disposición para avanzar en una solución. Sin embargo, insistió en que la empresa no puede evadir la normatividad vigente en materia de protección social.

El tema toma relevancia porque el permiso con el que Uber opera en Puebla desde hace una década vence el próximo 15 de diciembre. La funcionaria dejó claro que la renovación del contrato está condicionada totalmente a que la plataforma acredite el cumplimiento de la Ley de Seguridad Social para todos sus operadores, requisito que el gobierno estatal considera indispensable.

De no cumplir antes del plazo, Uber se quedaría sin autorización para circular en el estado, lo que afectaría directamente a los más de siete mil conductores inscritos en la plataforma. Tanús Osorio advirtió que, pese a la advertencia, la empresa ha seguido intentando realizar registros de nuevos socios sin resolver la obligación marcada por la ley.

La SMT recordó que la Ley de Movilidad de Puebla exige que las plataformas garanticen condiciones mínimas de protección social para las personas que prestan el servicio. Con el vencimiento del contrato a días de distancia, el conflicto legal marca un punto decisivo para el futuro del transporte ejecutivo por aplicación en la entidad.