El Gobierno federal negó que la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, sea un acto terrorista. Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el ataque forma parte de la confrontación entre grupos criminales con presencia en la región.

Harfuch detalló que en esa zona de Michoacán se han registrado otros episodios con uso de explosivos a lo largo del año, vinculados a células asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Tepalcatepec y a Cárteles Unidos. El ataque, afirmó, estuvo dirigido contra una policía comunitaria relacionada con uno de los líderes criminales en disputa.

El funcionario subrayó que, conforme a la legislación mexicana e internacional, un atentado terrorista implica fines políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, dijo, la motivación es estrictamente criminal: expansión territorial, control de rutas de trasiego de droga, extorsión y actividades ilícitas como la minería ilegal.

Por esta razón, la investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) bajo los delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, no por terrorismo. Harfuch reiteró que la agresión responde a la pugna entre cárteles que operan en la zona y no a un intento de generar terror con fines políticos.

El secretario señaló que la Fiscalía General de la República continúa con diligencias en campo y que no se revelarán más detalles para evitar afectar la investigación. No obstante, aseguró que la autoridad federal ofrecerá nueva información conforme avance el caso.