La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley General de Salud para prohibir los vapeadores e imponer penas de uno a ocho años de prisión, además de multas de hasta dos mil UMAs, para quienes desacaten el ordenamiento. El dictamen avanzó con 324 votos a favor y 129 en contra, en medio de protestas de legisladores de oposición que acusaron criminalización de usuarios.

El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, afirmó que la reforma no sanciona a consumidores, sino únicamente a quienes adquieran, comercialicen, distribuyan o lucren con estos dispositivos. Sin embargo, diputadas como Iraís Reyes (MC) y Verónica Pérez (PAN) cuestionaron la iniciativa desde tribuna mientras usaban vapeadores, señalando que puede implicar castigos de hasta ocho años de cárcel por poseer o adquirir estos dispositivos.

Legisladores del PAN y PRI acusaron que la reforma abre la puerta al encarcelamiento de personas sorprendidas con vapeadores y que contempla castigos incluso superiores a los aplicados por narcomenudeo. Rodeada de pancartas donde se leía “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, la diputada Ana Isabel González advirtió que cualquier persona que adquiera, consuma o suministre estos productos podría enfrentar penas de uno a ocho años.

El dictamen prohíbe la producción, comercialización, importación, exportación, venta y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, así como la distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, incluido el uso ilícito de fentanilo. La OMS estima que más de 15 millones de adolescentes utilizan vapeadores en el mundo.