Académicos, defensores del agua e integrantes de colectivos hicieron un llamado a la movilización social en Puebla tras la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, a la que calificaron como una legislación “de derecha” que mantiene el modelo neoliberal instaurado desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El pronunciamiento ocurrió durante el aniversario de la Asamblea Social del Agua (ASA), organización que ha encabezado la resistencia contra la privatización del recurso en la entidad.

La exsubdirectora de Conagua, Elena Burns, afirmó que el nuevo marco normativo conserva la lógica de mercantilización del agua establecida desde 1989 y advirtió que la reforma “perpetúa la ley salinista” pese al deterioro de cuencas y a la falta de regulación sobre grandes consumidores. Señaló como contradictorio que este cambio legal provenga de un gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, quien impulsó procesos de desprivatización en la Ciudad de México.

Burns acusó también que el Congreso federal simuló un parlamento abierto al no incorporar propuestas de especialistas ni prohibiciones a la privatización, además de no reconocer plenamente los derechos de los pueblos originarios. Sostuvo que la nueva ley favorece a industrias que —dijo— pagan solo una fracción por el uso del agua.

Francisco Vélez Pliego, académico de la BUAP, subrayó que la discusión en los congresos estatales será clave para contener presiones empresariales y para fortalecer modelos de gestión basados en prácticas comunitarias. En el evento se proyectó un mensaje de la ministra Lenia Batres, quien reconoció la labor de la ASA en la lucha contra la privatización.

Los participantes concluyeron que, ante la nueva normativa, será necesario reforzar la articulación social para evitar retrocesos en la defensa del agua en Puebla.