El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, solicitó que Antonio Martínez Valente, conocido como “El Toñín”, sea investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) ante señalamientos que lo vinculan con actividades delictivas de orden federal, incluido el presunto lavado de dinero a través de actividades agrícolas y su presunta relación con el robo de hidrocarburos en la región de Quecholac.

La petición se dio después de que Martínez Valente emitiera un video en el que lanzó insultos contra autoridades estatales y aseguró ser víctima de persecución política. El mandatario estatal pidió al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, presentar una denuncia formal por amenazas, al señalar que este tipo de expresiones no deben minimizarse cuando provienen de personas bajo investigaciones previas.

En el pasado, Martínez Valente ha sido relacionado en distintos reportes periodísticos con hechos violentos en la zona, entre ellos el asesinato de dos agentes ministeriales en Tecamachalco, y con movilizaciones recientes como las protestas contra la Ley de Aguas en Puebla. Estos antecedentes han generado llamados para que se revisen archivos hemerográficos y se esclarezcan posibles vínculos con otros sucesos ocurridos en municipios de la región.

Armenta enfatizó que su administración mantiene una política de cero tolerancia al robo de combustibles y negó que existan acuerdos entre autoridades y grupos dedicados al huachicoleo, prácticas identificadas en administraciones pasadas. También insistió en que no permitirá que servidores públicos o actores locales utilicen supuestas motivaciones políticas para evadir responsabilidades legales.