La protesta que paralizó durante casi 24 horas la autopista Puebla-Orizaba dejó al descubierto algo más que el descontento por la reforma a la Ley de Aguas: exhibió la operación política conjunta entre Mier Bañuelos, la diputada Nadia Navarro y el entorno de Antonio Valente Martínez Fuentes, “El Toñín”, señalado desde hace años por actividades de huachicol en la región del Triángulo Rojo.

Lo que comenzó como un cierre carretero encabezado por supuestos agricultores terminó convirtiéndose en un acto de apoyo para figuras políticas con intereses alineados; el bloqueo, realizado con más de 70 tractores y decenas de manifestantes con el rostro cubierto, provocó caos vehicular y dejó incomunicadas a comunidades enteras.

Según habitantes de la zona, el movimiento habría sido alentado desde días antes por “El Toñín”, pese a que públicamente negó tener vínculos con la protesta. Su reacción ante una llamada del secretario de Gobernación estatal —a quien acusó de “violencia de género” por pedir información a su hija, la alcaldesa de Quecholac— avivó aún más las sospechas.

La escena decisiva ocurrió la noche del 3 de diciembre, cuando la presidenta municipal Guadalupe Martínez Gerardo llegó al punto del conflicto en una camioneta equipada con pantalla gigante, micrófono y transmisión en vivo. Ahí proyectó un video del diputado federal Ignacio Mier Bañuelos, quien pidió a los inconformes retirarse y aseguró que la reforma hídrica no afectaría al campo. Las porras que siguieron —dirigidas al legislador, a la alcaldesa y a la diputada Nadia Navarro— confirmaron la sintonía política detrás del cierre.

La propia alcaldesa reconoció que minutos antes su padre había intentado convencer a los manifestantes sin éxito. Sin embargo, tras la aparición del mensaje de Mier Bañuelos, el retiro fue inmediato. Fuentes del gobierno estatal señalaron que esta reacción evidenció quiénes tenían autoridad real sobre el grupo, reforzando la percepción de una operación articulada y no de una protesta espontánea.

Aunque la vialidad quedó liberada, el episodio abrió un nuevo frente político en Puebla. La participación directa o indirecta de “El Toñín”, la intervención de la familia Mier y el respaldo explícito de Nadia Navarro colocaron bajo la lupa las alianzas regionales y el uso de movimientos sociales para presionar al gobierno.

Para analistas locales, el bloqueo no cerró un conflicto: apenas encendió las luces sobre una red de intereses que llevaba años operando en silencio.