La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en una sesión marcada por protestas de productores agrícolas y reclamos de la oposición; el proyecto avanzó con 28 votos a favor de Morena y aliados, 10 en contra del PAN y PRI, y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano, pese a las exigencias para aplazar su discusión.

Desde el exterior del recinto legislativo, agricultores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz se manifestaron contra la iniciativa, argumentando que podría afectar su seguridad jurídica sobre el uso del agua. Al interior, legisladores de oposición acusaron que la mayoría impulsó un proceso “fast-track”, sin incorporar observaciones técnicas ni someter a consulta a pueblos originarios, como exige la Constitución.

Morena rechazó estas críticas y sostuvo que la oposición no participó en los foros previos. Diputados del partido oficialista defendieron que el dictamen atiende a quienes han sido históricamente desplazados en el acceso al agua y que, lejos de eliminar derechos, brinda certeza sobre la continuidad de concesiones y su transmisión mediante venta o herencia ligada a la tierra.

La nueva ley plantea un cambio profundo en el modelo de gestión hídrica: el Estado recupera la rectoría total sobre concesiones, se prohíbe la especulación y se reconoce el agua como un derecho humano y un bien estratégico. El dictamen también incluye la creación del Registro Público de Agua Nacional, la eliminación de concesiones acaparadas sin uso y sanciones contra el llamado “huachicoleo del agua”.

Sin embargo, los productores agrícolas mantienen sus reservas; aseguran que la prohibición de transferir concesiones entre particulares y la falta de claridad en el proceso de reasignación generan incertidumbre sobre su patrimonio. Aunque el dictamen avanza al pleno, las tensiones políticas y sociales anticipan un debate aún más intenso.