A pesar de los 56 cambios incorporados al dictamen, las bancadas del PRI y PAN en la Cámara de Diputados anticiparon que no respaldarán la propuesta de Ley General de Aguas ni las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, impulsadas por el Gobierno federal. Legisladores de ambas fracciones señalaron que las modificaciones no resuelven los puntos más controvertidos del proyecto y que persisten riesgos para diversos sectores productivos.

La discusión avanza en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que prevé someter a votación el dictamen esta semana. En el proceso también participan las comisiones de Ganadería, Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, así como la de Presupuesto, encargadas de emitir opiniones técnicas sobre los ajustes.

Entre las modificaciones destacadas se encuentra la posibilidad de heredar concesiones de agua, siempre que los beneficiarios realicen un nuevo trámite que deberá resolverse en un plazo máximo de 20 días por la nueva Autoridad del Agua, organismo planteado en la iniciativa. De aprobarse, la nueva persona concesionaria conservaría los derechos previamente otorgados.

En materia de sanciones, el dictamen propone reducir el rango de multas de 260 a 50 mil UMAs a uno de 260 a 30 mil UMAs, además de ajustar las penas de prisión relacionadas con infracciones al uso del recurso hídrico. El nuevo planteamiento disminuye el castigo previsto originalmente —de 1 a 12 años— a un rango que iría de tres meses a ocho años.

Mientras tanto, el bloque oficialista asegura que la mayoría de las demandas de productores fueron incorporadas al documento, que se perfila para ser discutido en el pleno en los próximos días.