El gobierno de Puebla prepara un cambio estructural para poner fin a los abusos en el servicio de arrastre vehicular. Como primera medida, el gobernador Alejandro Armenta anunció la instalación de cinco corralones públicos con tarifas controladas, ubicados en Tecamachalco, Tepeaca, Acatzingo, San Martín Texmelucan y la capital, además de dos adicionales previstos para la Mixteca y la Sierra Norte. La intención es crear una red estatal que permita regular los costos y evitar que los usuarios queden a merced de operadores privados que fijan sus propios precios.

Armenta instruyó al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, a poner en marcha estos espacios “lo antes posible”, con el compromiso de que el servicio se brinde bajo criterios de bajo costo y absoluta transparencia. El mandatario aseguró que su administración no permitirá que el arrastre y resguardo de vehículos continúe siendo una carga económica que en muchos casos deriva en endeudamientos o en la pérdida definitiva de las unidades. “Estamos para resolver, no para ser parte de la corrupción”, afirmó.

En paralelo, el Congreso del estado avanza en una reforma profunda a la Ley de Movilidad para 2026, luego de reconocer que los abusos de grúas y corralones se han convertido en una de las principales quejas ciudadanas. El presidente del Congreso, Elpidio Díaz Escobar, explicó que en municipios como Xoxtla, Coronango y Huejotzingo se han documentado cobros que superan los 50 mil pesos por recorridos mínimos, una situación que calificó como insostenible y contraria al carácter de servicio público que deben tener estas operaciones.

El legislador señaló que, sin una regulación sólida, algunos operadores han convertido la remisión vehicular en un negocio paralelo que se aprovecha de la discrecionalidad con la que se imponen infracciones y se trasladan unidades a corralones. Por ello, la reforma contempla la creación de un tabulador estatal obligatorio, mecanismos de supervisión permanentes y una revisión integral de los permisos otorgados a empresas dedicadas al arrastre y resguardo.

Con la combinación de estos nuevos corralones públicos y el marco legal proyectado, el gobierno y el Congreso buscan desactivar un sistema de abusos que durante años ha operado sin límites claros. El objetivo es que las sanciones viales sean proporcionales, que los ciudadanos paguen tarifas justas y que la remisión de vehículos deje de usarse como castigo económico, recuperando así la confianza en la autoridad y protegiendo el bolsillo de las y los poblanos.