La justicia peruana dictó una de las sentencias más relevantes desde la crisis política de 2022: El expresidente de Perú, Pedro Castillo, y.la ex primera ministra Betssy Chávez, fueron condenados a 11 años y 5 meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado encabezado por Castillo. Ambos son señalados como coautores del delito de conspiración para rebelión.

El fallo —aprobado por mayoría— deriva de los hechos ocurridos en diciembre de 2022, cuando Castillo anunció en un mensaje televisado la disolución del Congreso y una serie de medidas extraordinarias que, según el tribunal, excedieron sus atribuciones constitucionales.

La resolución fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, concluyó que Chávez coordinó acciones clave durante aquel 7 de diciembre, incluyendo la preparación del mensaje televisado en el que Castillo anunciaba la disolución del Congreso y otras medidas excepcionales. Según el tribunal, la ex jefa del gabinete colaboró también en aspectos logísticos y comunicacionales que buscaban respaldar la intentona.

Aunque la Fiscalía había solicitado una condena de 34 años por rebelión consumada, la Corte concluyó que el acto no llegó a concretarse, por lo que reclasificó la imputación a conspiración para la rebelión. Chávez fue inhabilitada por dos años para ejercer cargos públicos y deberá integrar, junto con los demás implicados, el pago de una reparación civil al Estado peruano por 12 millones de soles —equivalentes a unos 3.5 millones de dólares— como compensación por los daños ocasionados.

Tras conocer la sentencia, las autoridades emitieron una orden de búsqueda y captura. Sin embargo, Chávez permanece en la Embajada de México en Lima, a la espera de que el gobierno peruano le otorgue un salvoconducto que le permita salir del país, un trámite que hasta ahora no ha recibido luz verde.

Durante el proceso judicial, la ex funcionaria aceptó haber participado en la conspiración, lo que permitió reducir su pena respecto a los 25 años que inicialmente solicitó la Fiscalía. Aun así, su caso se mantiene como uno de los episodios más controvertidos del panorama político peruano reciente, con repercusiones diplomáticas y judiciales aún en desarrollo.

La sala también dictó condenas por el mismo delito contra exintegrantes del gabinete: Willy Huerta obtuvo la misma pena pero con ejecución suspendida. Aníbal Torres recibió 6 años y 6 meses de prisión suspendida.