El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al marco penal federal que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La iniciativa fue respaldada por los 450 diputados presentes y establece sanciones de hasta 42 años de prisión para quienes cometan extorsión, incluyendo agravantes como cobro de piso, víctimas menores de edad o migrantes, o “montachoques” con consecuencia letal.

El resto del articulado prevé que el delito sea perseguido de oficio, con una pena base de 15 a 25 años de cárcel y multa correspondiente a 300 a 500 veces el valor diario de la UMA. De esta forma, se busca que la persecución no dependa de la denuncia de la víctima, reforzando la capacidad del Estado para combatir redes de extorsión.

La versión aprobada en Diputados incorpora modificaciones del Senado que eliminaron una reserva que beneficiaba a funcionarios públicos, tras una enmienda que buscaba reducir sus penas en caso de encubrimiento. Con este ajuste, el nuevo marco legal pretende cerrar la puerta a impunidades institucionales.

Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que esta ley representa un paso histórico, ya que por primera vez la extorsión cuenta con un tipo penal específico a nivel federal. También destacaron la obligación de las autoridades para coordinarse en su aplicación, lo que fortalece la estrategia nacional contra la delincuencia organizada.

Con la sanción definitiva, México dispondrá de una herramienta legal más robusta para enfrentar un delito que afecta a miles de familias, con sanciones severas y persecución automática, siempre con la posibilidad de aplicar agravantes cuando existan circunstancias especiales.