Más de 250 organizaciones, colectivos de víctimas y activistas criticaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mantener vigente la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, que eliminó el tope mínimo presupuestal destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.

En posicionamientos encabezados por el Centro Prodh, Fundar y Artículo 19, señalaron que la resolución representa un retroceso y “da la espalda a las víctimas”, pues —afirmaron— la Corte ya había determinado en 2024 que la reforma era inconstitucional y debía corregirse en un plazo de 90 días.

Los colectivos acusaron que reabrir la discusión vulnera la seguridad jurídica y podría diluir derechos por falta de recursos para mecanismos de atención, verdad, memoria y reparación. Llamaron al Poder Judicial y al Congreso a garantizar presupuestos suficientes y a incluir a las víctimas en cualquier futura modificación legal.

Pidieron también a organizaciones nacionales e internacionales mantener vigilancia ante posibles retrocesos en la protección de derechos en México.