La diputada Esther Martínez Romano, del Partido del Trabajo, presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa para crear la Ley de Consulta Libre de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La propuesta busca establecer un marco legal que garantice la participación previa, libre e informada de estas comunidades en cualquier decisión estatal que pueda afectar sus derechos o territorios.

Durante la sesión ordinaria, Martínez Romano subrayó que la iniciativa coloca a los pueblos originarios en el centro del proceso, no solo como consultados, sino como actores con poder de decisión. Para ello, plantea la creación de un consejo integrado exclusivamente por representantes comunitarios, concebido como un espacio político y no como una instancia técnica.

La diputada adelantó que el propio proyecto será sometido a consulta entre las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad. El objetivo es que el diseño y los alcances de la ley se definan conjuntamente con quienes históricamente han quedado fuera de las decisiones públicas.

Uno de los ejes principales de la propuesta es la reparación integral de daños, aplicable en casos donde se hayan vulnerado derechos territoriales, espirituales, bioculturales o institucionales. La ley contempla mecanismos como restitución, compensación y rehabilitación, siempre en coordinación directa con las comunidades afectadas.

Finalmente, la iniciativa reconoce la validez jurídica de los sistemas normativos internos y las formas de autogobierno de estos pueblos. Con ello, se busca avanzar hacia una justicia plena y atender una deuda histórica con comunidades que, durante décadas, han sido marginadas por el Estado.