La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a poner un ultimátum al Congreso de Puebla: en un plazo de 20 días deberá aprobar las reformas que reconozcan legalmente los derechos de las infancias trans.

Con esta resolución, el máximo tribunal suma ya cinco llamados desde 2022 para que el Poder Legislativo local adecúe su marco jurídico y permita a menores de edad modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género.

El presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, aseguró que el tema está nuevamente en la agenda de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que retomó la discusión a finales de octubre. Reconoció que el tema se ha postergado por años y advirtió que esta vez los legisladores podrían enfrentar sanciones si incumplen el mandato judicial.

La orden judicial deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, en la que la Corte estableció que el Código Civil de Puebla debe contemplar un procedimiento claro, administrativo y sin discriminación para reconocer la identidad de género de personas menores de edad. A pesar de que la instrucción fue emitida hace más de tres años, el Congreso ha aplazado en repetidas ocasiones su cumplimiento.

El nuevo plazo revive una advertencia previa: en junio de 2024, la Corte ya había fijado un periodo similar con la misma exigencia y la amenaza de sanciones económicas en caso de omisión. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos impidió que la reforma avanzara hacia su aprobación en el pleno.

Colectivos LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos han insistido en que Puebla debe alinearse con entidades como Ciudad de México o Jalisco, donde ya se garantiza este derecho mediante trámites administrativos accesibles. De no hacerlo dentro del nuevo plazo, el Congreso local podría ser sancionado por desacato, marcando otro episodio de rezago legislativo en materia de derechos humanos.