Entre enero y junio de este año se registraron al menos 450 casos de acoso y hostigamiento sexual en dependencias de gobierno, organismos autónomos, escuelas y universidades públicas del país, de acuerdo con respuestas oficiales obtenidas por EL UNIVERSAL vía solicitudes de información.

Los registros incluyen tocamientos a menores de edad, exhibición de partes íntimas, envío de imágenes sexuales y propuestas indecorosas, entre otros actos cometidos principalmente por servidores públicos y trabajadores de instituciones educativas.

Pese a la gravedad de los hechos, la mayoría de los casos termina en sanciones mínimas o recomendaciones administrativas, como exhortos, cursos de sensibilización o cambios de centro de trabajo. Los Comités de Ética de las dependencias señalaron que no tienen facultades para emitir sanciones, sólo para recomendar acciones de capacitación, según los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2020.

La UNAM fue la institución con más denuncias, con 76 casos, seguida del Consejo de la Judicatura Federal (37), el Colegio de Bachilleres (34), Pemex (31) y la Secretaría de Marina (27). En varios de estos expedientes, las medidas aplicadas se limitaron a suspensiones temporales o a la conclusión de los procedimientos sin sanción.

Algunos ejemplos reflejan la falta de consecuencias efectivas: en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), una trabajadora denunció acoso el 14 de febrero y el caso se resolvió con un simple apercibimiento; en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, una denuncia de hostigamiento fue archivada porque la víctima concluyó sus estudios; y en el Hospital del ISSSTE en Irapuato, el agresor fue separado temporalmente mientras se resolvía su situación ante el tribunal laboral.

En el caso de la UNAM, las denuncias ocurrieron principalmente en facultades y escuelas nacionales, con 23 expedientes aún en trámite. La institución informó que sólo cuatro derivaron en bajas definitivas y tres en rescisiones de contrato, mientras que 15 fueron cerradas sin sanción.

Los datos evidencian que, pese a los protocolos y comités existentes, la impunidad persiste en los casos de acoso sexual dentro del sector público y educativo, donde las respuestas institucionales suelen centrarse en la capacitación y no en la aplicación de castigos efectivos.