Estudiantes de distintas normales rurales del país denunciaron una escalada de persecución y criminalización en su contra, mientras exigieron al Gobierno federal un diálogo directo para abordar la creciente inseguridad que afecta a sus comunidades. Desde las escalinatas de la Secretaría de Gobernación, pidieron ser recibidos por la titular Rosa Icela Rodríguez y advirtieron que la violencia institucional amenaza su derecho a la educación y a la protesta.

Los jóvenes señalaron que viven bajo constante hostigamiento, con vigilancia policial e incluso con drones que monitorean sus planteles. Aseguraron que las autoridades estatales y federales han ignorado sus peticiones entregadas desde el 15 de octubre, que incluyen mejoras en infraestructura, equipamiento y condiciones académicas. “No somos delincuentes, solo pedimos seguridad y educación digna”, expresó Elisa Martínez, alumna de la Normal “Carmen Serdán” de Teteles, Puebla.

En conferencia de prensa, los normalistas recordaron casos recientes de represión, como la detención y presunta tortura de Éder Israel Aparicio, estudiante de la Normal “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Michoacán, y la represión sufrida por 105 alumnas en Puebla durante una manifestación pacífica en septiembre. Además, exigieron justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, al que consideran un reflejo de la violencia que golpea a las regiones donde operan las normales rurales.

En ese contexto, los colectivos estudiantiles rechazaron sumarse a la llamada “marcha de la generación Z”, programada para el 15 de noviembre. Aseguraron que se trata de una movilización impulsada “por sectores de derecha” y que busca dividir a la juventud. “No participaremos en actos que fomenten el odio o la confrontación entre jóvenes”, afirmaron.

Finalmente, representantes de escuelas de Michoacán, Puebla, Chiapas y el Estado de México insistieron en que sus demandas deben ser escuchadas e incluidas en los planes federales de paz y justicia. Advirtieron que, si no hay respuesta, continuarán movilizándose hasta que el Estado reconozca la legitimidad de sus luchas y garantice condiciones seguras para la educación rural.