La Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una nueva normativa que busca unificar el marco penal en todo el país y endurecer las sanciones contra uno de los delitos más extendidos. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum hace poco más de una semana, establece penas de entre seis y 15 años de prisión y prevé que los casos se persigan de oficio.

El nuevo ordenamiento incluye 34 agravantes que elevan las sanciones según el daño patrimonial causado, la condición de vulnerabilidad de las víctimas o el uso de violencia. Además, contempla la creación de un sistema nacional de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la habilitación de la línea 089 como canal de denuncia anónima. Otro punto clave es la facultad de inhabilitar comunicaciones desde los centros penitenciarios, una medida dirigida a frenar las extorsiones operadas desde el interior de las cárceles.

La aprobación contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde impulsaron el dictamen, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron a favor en lo general, aunque propusieron más de 70 reservas. Solo ocho fueron aceptadas, entre ellas las promovidas por el morenista Ricardo Monreal, relacionadas con sanciones a servidores públicos y ajustes en materia de extinción de dominio.

Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó que la ley permitirá “una sola definición del delito y una sola fuerza de persecución en todo el país”, eliminando los vacíos legales entre estados. Desde la oposición, la diputada Noemí Luna, del PAN, respaldó la iniciativa al considerar que “no se regatea con las propuestas que buscan proteger la vida y la seguridad”, aunque pidió fortalecer la atención a víctimas y la coordinación interinstitucional.

La ley forma parte de la Estrategia Nacional Antiextorsión, implementada por el gobierno federal desde julio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por este delito han aumentado 85 por ciento en 2025, y tres de cada cuatro intentos de extorsión han sido frustrados gracias al trabajo de inteligencia y coordinación entre autoridades.