El Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) defendieron su papel dentro del sistema democrático mexicano durante el Intercambio de Experiencias de los Procesos Electorales 2023-2024, realizado en la sede central del INE, donde se evaluaron los comicios recientes y los procesos extraordinarios judiciales aún en curso.

En representación de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino informó que los resultados del análisis serán entregados a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y al Congreso de la Unión, con el objetivo de aportar elementos técnicos al debate sobre el futuro del sistema electoral.

Durante el encuentro, consejeros y representantes de los OPL manifestaron su preocupación por la propuesta impulsada por Morena, que plantea centralizar la organización de las elecciones en el INE, lo que implicaría la desaparición de los organismos electorales locales.

El consejero Jorge Montaño Ventura subrayó que el INE y los OPL conforman un sistema articulado por la ley, cuyo propósito es garantizar la estabilidad democrática, mientras que el presidente de la Asociación de Instituciones Electorales Estatales (AIEE) y titular del OPLE Durango, Roberto Herrera Hernández, señaló que la defensa de estos organismos obedece a su aportación en la legitimidad y la confianza ciudadana en los comicios.

En un documento entregado a la comisión, los OPL destacaron que, en tres décadas, han organizado 222 procesos electorales, tramitado más de 838 mil registros de candidaturas y contribuido a garantizar la paridad de género, además de diseñar boletas electorales, desarrollar programas de resultados preliminares y coordinar consultas ciudadanas en cada entidad federativa.

Los representantes advirtieron que eliminar los OPL implicaría un reto logístico y operativo, ya que el INE no cuenta con la estructura suficiente para asumir la totalidad de las funciones locales. Coincidieron en que cualquier reforma electoral debe basarse en evidencia técnica y análisis institucional, para evitar retrocesos en la organización y transparencia de las elecciones en México.