La exsecretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, María Teresa Castro Corro, fue hallada responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones por su papel en la fallida inversión de más de 600 millones de pesos en Accendo Banco durante 2021. Como consecuencia, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado le impuso una multa de 362 millones de pesos y la inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos.

El tribunal determinó que Castro Corro actuó pese a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había advertido previamente incumplimientos en liquidez y capital de la institución financiera. La inversión realizada durante la administración de Miguel Barbosa Huerta derivó en pérdidas millonarias que hasta la fecha no se han recuperado. Además, otros exfuncionarios del sexenio anterior también fueron sancionados, entre ellos José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos.

El caso generó controversia pública cuando se reveló que, apenas seis meses después de su renuncia, Castro Corro adquirió al contado una propiedad valuada en 5 millones 790 mil pesos, un monto considerado desproporcionado respecto a su salario oficial durante su gestión. Entre 1996 y 2023, la exfuncionaria habría comprado cinco casas, dos departamentos y cuatro terrenos, sumando más de 15 millones de pesos, según reportes periodísticos.

El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, defendió la sanción, asegurando que se trata de un proceso legal que se condujo bajo el debido proceso y sin tintes de persecución política. Alejandro Espidio Reyes, titular de la dependencia, subrayó que “nadie está por encima de la ley” y que la administración actúa con determinación frente a irregularidades financieras, independientemente del cargo o filiación política de los involucrados.

La resolución marca un precedente en la supervisión de inversiones estatales y refuerza la idea de que los recursos públicos deben ser manejados con responsabilidad. La sanción de 20 años de inhabilitación y la multa millonaria buscan garantizar que las conductas irregulares en la gestión financiera de Puebla no queden impunes y resaltar la importancia del control y la rendición de cuentas en la administración pública.