Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga; México evalúa pedir su extradición por lavado de dinero
Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario mexicano y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, tras más de cuatro años prófugo de la justicia mexicana. De acuerdo con documentos judiciales, su arresto ocurrió el pasado 24 de septiembre y actualmente se encuentra recluido en el centro migratorio de Krome, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Gobierno de México ya fue notificado de la detención y analiza solicitar su extradición, una vez que un juez estadounidense determine su situación migratoria. La jueza federal Cecilia M. Altonaga, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, revisó el caso y ordenó una audiencia de fianza, al resolver parcialmente a favor del empresario un recurso de habeas corpus interpuesto contra su detención obligatoria.
Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos en julio de 2021 sin pasar por inspección migratoria y un año después solicitó asilo político, trámite que aún no ha sido resuelto. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas varias investigaciones contra él y su esposa por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, derivadas de contratos irregulares con la Secretaría de Gobernación y el sistema penitenciario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Las autoridades acusan a la pareja de encabezar una red de empresas fantasma a través del despacho Álvarez Puga y Asociados, mediante la cual se habrían desviado más de 2,900 millones de pesos del presupuesto federal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también mantiene una investigación por evasión fiscal, mientras la FGR cuenta con órdenes de aprehensión y fichas rojas de Interpol vigentes.
La detención de Álvarez Puga reaviva la atención sobre el paradero de Inés Gómez Mont, quien también enfrenta procesos fiscales en México. Fuentes federales confirmaron que, aunque la captura fue por motivos migratorios, el caso podría abrir la puerta a una cooperación judicial entre ambos países para que el empresario rinda cuentas por los delitos que se le imputan.



